La crisis mundial que arranca en el año 2008 trajo el comienzo del fin de la capacidad del gobierno venezolano de hacer concesiones reivindicativas y políticas a la población; la caída de los ingresos petroleros en más del 60% y en consecuencia la disminución de la apropiación que hace la burguesía nacional de los recursos de PDVSA, los obligó a tomar medidas para no afectar las ganancias de los empresarios y a acelerar el camino, comenzado por Chávez, de entrega de los recursos nacionales a las trasnacionales.
Nosotros sostuvimos que para poder aplicar todo su programa económico y el respectivo plan de austeridad del chavismo, tenía en frente la tarea de derrotar al movimiento obrero venezolano que se había fortalecido y multiplicado desde el paro petrolero de 2002.Las zonas especiales económicas
La
naciente burguesía roja fue incapaz de convertirse en productiva, basó su enriquecimiento
en la captación de los recursos provenientes de la renta petrolera vía
apropiación directa o a través de empresas de servicios y la mayor parte de
esos ingresos salieron del país, el BM calcula en 300.000 millones la fuga de
capital venezolano entre los años 2000 y 2015. Durante esos años se
multiplicaron empresas importadoras y aparecieron pequeñas empresarias
bancarias, distribuidoras y crediticias contribuyendo en nada al desarrollo de
la industria nacional.
El
proyecto de desarrollo industrial nacional ofrecido por Chávez se convirtió en
una gran farsa, nunca se presentó un plan de desarrollo nacional y solo se
montaron minúsculas empresas que fueron arrasadas con la crisis y la
corrupción, la apuesta del gobierno fue dejar en manos del capitalismo mundial
el desarrollo de la industria y economía nacional, entregar la principal
empresa y recurso del país a las trasnacionales. Para el año 2007 se establecen
en Venezuela las asociaciones mixtas para la explotación de los recursos
naturales, que sustituyen los contratos de operaciones, por la cesión del 49%
del petróleo y gas producido a las empresas internacionales lo cual fue una
clara privatización parcial de PDVSA. Pero la crisis económica mundial del
2008, provocó el fracaso de estas empresas convirtiéndolas en poco rentables, el
gobierno entonces comenzó a manejar una propuesta que aumentará la rentabilidad
a costa del sacrificio del pueblo y los recursos del país, las ZEE, que es la
entrega de los recursos humanos y naturales a las trasnacionales, acompañada de
la entrega de soberanía territorial y el establecimiento de un carácter
jurídico para la defensa de los intereses extranjeros.
La
pretensión de implementar las ZEE data del 2010 con la aprobación de la “Ley de
zonas especiales de desarrollo sustentable”, luego para el 2014 la “Ley de
Regionalización Integral para el Desarrollo Socio Productivo de la Patria” y
actualmente se discute en la AN del “Proyecto de Ley Orgánica de Zonas
Económicas Especiales (LOZEE)”.
La derrota del movimiento obrero venezolano
Chávez
trató por distintas vías maniatar al movimiento obrero, que había demostrado su
fuerza tomando el control de la principal empresa del país al enfrentar el paro
petrolero de 2002, ésta victoria elevó el nivel de conciencia del trabajador
venezolano que comenzó a creer en la propuesta de control obrero de la
producción, direcciones revolucionarias en aquel entonces la impulsaron y se obtuvieron
victorias en ese sentido, pero a cada empresa tomada intervenía el gobierno
(que tenía un gran peso sobre los trabajadores), saboteando hasta el cansancio,
convirtiendo la lucha en mesas de trabajo o juntas mixtas que finalmente eran
controladas por la burocracia del estado que a su vez intentaba cooptar a la
dirigencia sindical ante el terror que el control obrero despierta en el
aparato burgués. Aunque el gobierno logró aglutinar bajo su control un gran
grueso del movimiento obrero venezolano, nunca le controló completamente, y en
la medida que la situación económica comenzó a golpear el bolsillo de los
venezolanos, las protestas y reclamos no se hicieron esperar, famosa es aquella
asamblea en Guayana donde Chávez recibió abucheos en plena alocución.
La
entrada de la crisis de 2008 trajo el fin de las concesiones que el gobierno podía
hacer ante la presión de la clase obrera y puso sobre la mesa la aplicación de
un plan de austeridad para comenzar a compensar la reducción de las ganancias
de la burguesía, pero todavía la derrota del movimiento obrero estaba
pendiente.
Para
el año 2010 el gobierno sanciona la “Ley para la Defensa de las Personas en el
Acceso a los Bienes y Servicios” estableciendo penas de hasta 10 años de
prisión para quienes impidan la producción, fabricación, importación, acopio,
transporte, distribución y comercialización de bienes. Sirviendo para detener y
apresar dirigentes obreros que de manera directa o indirecta afecten la
producción en empresas privadas o estatales. Esta ley y las venideras no discriminan
entre acciones obreras, sindicales o patronales, convirtiéndose en una camisa
de fuerza para las huelgas, dándole carácter delictivo a aquellas acciones que
no sean permisadas por el estado. El gobierno comenzó a limitar, condenar y
acosar a aquellas prácticas sindicales que en los años de intensificación de la
lucha de clases, le fueron vitales para su permanencia en el poder, medidas
como el control obrero en PDVSA durante el paro o la toma de empresas ante los
paros patronales, quiebra de empresa o desaceleración de la producción, son
ahora delitos en los avances de los acuerdos gobierno-burguesía- imperialismo
para enfrentar la crisis que se avecina.
En el
2011 se crea la Central Socialista Bolivariana de los Trabajadores CSBT, una
institución controlada desde arriba por la dirección del partido de gobierno
creando un vínculo directo entre este y las organizaciones obreras dentro de
los centros de trabajo, ésta central disputa la dirección del movimiento a la
UNT que tenía un carácter de clase y mayor independencia, con una dirección no
controlada por el gobierno. El choque entre las dos tendencias no se hace
esperar y Will Rangel antiguo dirigente sindical de oposición, será la cabeza
de la CSBT y del sindicato petrolero PDVSA, finalmente todo el peso del estado,
enfrentamientos y los errores al interior de la UNT convirtieron rápidamente a
la CSBT en la principal central del país que representaba el sector conciliador
y dependiente de la política chavista.
Las
direcciones que se reivindican trotskista y que lideraron muchas de las más
importantes luchas del país a medida que avanza la crisis son llevadas a
sumergirse en la polarización política del país, vinculándose al bando opositor
o chavista y realizando concesiones en su programa político para sobrevivir, su
incapacidad de mantener la independencia política terminara erosionando sus
bases y quitándole autoridad dentro del movimiento obrero.
La
Burguesía Roja avanza en su plan, se sancionan nuevas leyes como la “Ley del
trabajo del 2012”, que limita considerablemente el ejercicio de la libertad
sindical, en particular el derecho de huelga, busca hacer responsable a las
organizaciones sindicales del contrato laboral o lo que el chavismo llama
“proceso social del trabajo” en función de los intereses de la soberanía
nacional, es decir los intereses del estado burgués, dejando a un lado la
contradicción existente entre la clase
obrera y los intereses del patrono-estado.
La destrucción del salario
Desde
la crisis mundial del 2008, las medidas aplicadas por el gobierno no
solucionaron nada, medidas como la impresión de dinero inorgánica, financiamiento
del déficit fiscal por parte del banco central etc. Las consecuencias se
comienzan a sentir en la población, comienza a acelerarse la inflación y el
poder adquisitivo de los trabajadores se comienza a resentir, también son
descuidados los programas de atención social como alimentos en escuelas, planes
de atención médicos, presupuesto para la educación etc.
A
partir del 2013 el gobierno comienza a reducir drásticamente su capacidad de
subsidiar a la burguesía, tomamos como referencia la eliminación de entrega de
dólares preferenciales para la importación. La burguesía nacional se calza las
botas y asume la defensa de sus ganancias, ya PDVSA no puede aportar de la
manera en la que lo hacía, desde 2013
la nación registra una caída sostenida en sus ingresos petroleros. Entre
2013 y 2018 estos se contrajeron 65 %, al pasar de $85.603 millones a $29.810
millones, según cifras del BCV, y los burgueses deben recuperar sus ganancias,
comienza entonces un escalada de aumento de precios, sin igual en la historia
moderna de Venezuela, del acaparamiento y contrabando de productos nacionales
al exterior se pasa al aumento de productos a precios internacionales (que en
Venezuela habían estado subsidiados). Durante ese periodo las protestas
populares no se hicieron esperar, saqueos como el del carupanazo fueron
reprimidos fuertemente, mientras los empresarios aumentaban precios sin ningún control
de parte del estado, la instituciones encargadas de regular y sancionar, tienen
la orden de hacerse de la vista , siendo
así cómplices en la escalada de precios.
El Banco Central Venezolano no reveló las cifras
de la inflación hasta el 2019 cuando publica que entre 2016 y abril de 2019 la
inflación fue de 53.798.500 % mientras el salario del venezolano aumentó del
2013 hasta la reconversión en el 2018 161.166 % y para la fecha su equivalente
en dólares representa 1,76$ mientras la canasta básica en su más modesto cálculo
vale 300$.
La migración
La crisis económica y la debilidad del movimiento obrero
venezolano para enfrentar las medidas que iba aplicando el gobierno, condujeron
al conjunto de trabajadores a buscar otras alternativas a su situación, la emigración
a países con supuestas mejores condiciones laborales o el abandono del sector
laboral formal para dedicarse a actividades de intercambio comercial son las
principales salidas, las últimas cifras oficiales según el Instituto nacional
de estadística (2018) refleja que la población laboralmente activa estaba en
los 16 millones y la ocupada en 14,9M, para el año 2020 según cifras de ENCOVI
las cifras son de 11,3M de activos y 10,9M personas ocupadas, para una
contracción de 29,3%. Venezuela tiene una tasa de actividad laboral de 59,2%,
la más baja de la región. Este fenómeno sumó un golpe más a la desarticulación
del movimiento obrero, trajo como
consecuencia la deserción de algunos de los mejores cuadros sindicales, contribuyendo
a enfriar muchos de los frentes de lucha, muchos sindicatos quedaron en
situación legal comprometida al no cubrir los cupos necesarios para su
funcionamiento. De esta manera una nueva generación asume con menos experiencia
y formación, alejada de la memoria historia de lucha y que tiene como
referencia la política de conciliación, el acuerdo y negociación propia de las
centrales chavistas.
Para
el 6 de febrero de 2018 la Asamblea Nacional Constituyente decretó la Ley
Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores con
el objetivo de crear organizaciones paralelas a los sindicatos que asuman
atribuciones iguales pero que defiendan los derechos del estado, con esto busca
dar una estocada final a las organizaciones obreras restándole importancia y
protagonismo al momento de enfrentarse al patrono.
El 20 de agosto de 2018 fue implementada la segunda
reconversión del chavismo quitando 5 ceros a la moneda y aplanando la escala
salarial, el golpe agarra desprevenido al movimiento obrero, la pregunta era ¿Qué
pasara con las convenciones colectivas? En primera instancia esto implicó un
aumento del salario mínimo que se diluyó en pocos meses, pero dejó en el aire
las escalas salariales, las respuesta vinieron del sector salud y el sector docente
principalmente junto con algunos trabajadores de Guayana pero las protestas no
fueron trascendentes. El resultado fue el aplanamiento de las escalas
salariales, destruyendo así años de lucha y conquista de las contrataciones
colectivas, las escalas no fueron aumentadas en proporción a la reconversión si
no que continuaron bajo el mismo tabulador y pasaron a ser insignificantes.
El 11
de Octubre de 2018 circula el “memorándum 2792” limitando la obligatoriedad de
las inspectorías a discutir los contratos colectivos, engavetando un monto de
contratos y quitándole al movimiento sindical una herramienta que le costó años
construir y defender. Hubo reacciones, reclamos, protesta pero ninguna significativa,
el trabajo estaba consumado el salario y las contrataciones colectivas
perdieron significado, el trabajador está indefenso y el son lo dictan las
medidas venidas del presidente, nunca el sindicalismo había sido tan
insignificante.
¿Dónde están los obreros petroleros?
La
empresa más importante del país, experimentó durante este tiempo un
enfrentamiento entre las direcciones obreras a su interior, por un lado el
sector proveniente de CCURA con José Bodas a la cabeza, contra la CSBT
encabezada por Will Rangel, la CSBT en este caso funcionó como una extensión de
la directiva de la empresa y el partido de gobierno, Will Rangel es también
miembro de la directiva y fue diputado en la Asamblea Constituyente por el
PSUV, la situación del obrero petrolero no escapó de la realidad nacional,
salida de trabajadores históricos en la lucha a otras latitudes fue una
constante, las persecuciones y acoso a líderes obreros estuvo presente, el
movimiento que resistía a las aspiraciones de la CSBT fue erosionado y los patronales
forman el grueso de la dirección. Sin embargo las contradicciones existen y en
el 2020, con mucho esfuerzo y carencia se organizan protestas con limitado
alcance en los centros de trabajo, las consignas principales son por mejoras
salariales y de condiciones de trabajo, un dirigente de la burocracia sindical
que ahora es disidente del chavismo por la presión de sus bases asume la
vocería y en noviembre Edudis Girot es puesto preso por delitos asociados al
terrorismo, por revelar en redes sociales negocios sospechosos de la industria
petrolera, otros participantes en las minúsculas protestas son despedidos.
Despejado
el camino, en Febrero de 2021 Maduro llama a discusión de las contrataciones
colectivas en todos los sectores pero esto realmente no se ejecuta y solo los
petroleros terminan con un documento aprobado en completo secreto y a espalda
de todos los trabajadores, no hubo protesta, no hubo acciones sindicales, la
reacción del sector petrolero le permite medir la reacción para las medidas que
están por venir.
Semanas
después, se anuncia el pago de salarios a través de del sistema patria, sistema
de ayuda directa a la población, con esta medida el gobierno modifica de forma
arbitraria el contrato laboral sin realizar ningún tipo de consulta a las
organizaciones sindicales, sustituyendo la responsabilidad del patrono,
desconociendo por supuesto acuerdos y condiciones extra salariales que se hayan
consentido de mutuo acuerdo, aunque esta medida pudiese tener la potencialidad
de convertir la lucha por el salario en una lucha directa contra el gobierno,
hoy solo es recibida como un nuevo golpe, los debilitados sindicatos ahora
encuentran un escollo más en su reclamo, EL patrono ahora culpa del retraso en
los pagos o alguna falla, a un sistema que no pertenece oficialmente a ninguna
institución, no existe ni siquiera una oficina gubernamental para realizar un
reclamo, los trabajadores de las instituciones públicas quedan en mayor
indefensión ya que sus autoridades ya no tienen injerencia en su salario y el
sistema patria se convierte en su patrón.
La ley antibloqueo
En
Octubre del 2020 la Asamblea Nacional Constituyente aprueba la “Ley
Antibloqueo”, esta ley es el marco legal para que el gobierno chavista entre a
la nueva fase entrega del país, lo sancionado en su interior solo se podrá
aplicar sin un movimiento revolucionario que le enfrentase.
La
ley se sobrepone sobre otras leyes en función del interés del estado de
enfrentar el bloqueo económico, le permite al ejecutivo tomar medidas
excepcionales y asumir tareas de defensa de los intereses de empresas privadas
nacionales o extranjeras para salvaguardar los intereses de la nación, faculta al
gobierno para establecer acuerdos internacionales y obliga al resto del estado
a aprobarlos, su implementación es regulada por un órgano superior que
designará el ejecutivo, cualquier ataque a la implementación de la ley tiene
responsabilidad penal, los recursos generados por la aplicación de la ley serán
separados del presupuesto nacional.
En lo
referente a los trabajadores la ley impulsa sistemas COMPENSATORIOS del salario
(NO el salario), también mecanismo alternativos para compensar otros derechos
como pensiones, seguros etc. De manera que formaliza la aplicación de medidas
alternas en perjuicio del salario y sus beneficios.
La
ley le otorga al ejecutivo la potestad de vender o privatizar empresas públicas
o ceder empresas mixtas, así como también alquilar arrendar partes de las
empresas públicas. También otorga la posibilidad de devolver a sus antiguos
dueños las empresas o tierras, que fueron estatizadas o aquellas que se
encuentran en disputa jurídica. El ejecutivo puede utilizar los pasivos o
activos del estado a su criterio para incrementar el flujo de divisas hacia la
economía y realizar cualquier tipo de negociación saltándose los entes
regulatorios. El ejecutivo puede levantar restricciones de comercialización a
empresas privadas como lo considere.
Para
cerrar el candado el ejecutivo se reserva aplicar o no lo que implique la ley
si lo considera contraproducente. Todo lo hecho o acordado bajo esta ley puede permanecer
en total secreto, el acceso a la información queda restringido en la medida que
esto no perjudique el objetivo de la ley. El acceso o la divulgación de esta
información tienen responsabilidad penal.
Con
el salario destruido y en proceso de centralización de parte del ejecutivo, el
control absoluto de la principal central obrera del país, los sindicatos
independientes del gobierno desmovilizados y atomizados, las organizaciones que
se reivindican revolucionarias jugando un papel centrista, la burocracia del
estado y los organismos represivos afinados para apagar cualquier candelita que
se encienda, el chavismo encuentra viento favorable para entregar las mayores
condiciones posibles al capital internacional, la diferencia pendiente con el
sector opositor actualmente se están dirimiendo en las mesas de discusión, para
poder aplicar en acuerdo el nuevo plan económico.
Las
protestas obreras aún existen en el país, pero su alcance es muy limitado, está
reducido a pequeñas concentraciones y a demandas locales y puntuales, aquellas
iniciativas que buscan convocatorias nacionales no logran trascendencia y
rápidamente son neutralizadas. Pero el capitalismo en el mundo está en crisis y
ya no es capaz de entregar concesiones al proletariado, las contradicciones de
clase al interno están a flor de piel, las condiciones materiales son muy
duras, y el gobierno avanza en sus política antiobrera, toda la estructura
burocrática está montada para control de los obreros y actualmente el gobierno
desarrolla una política de aprehensión selectiva de cualquier protesta, sea
obrera o de otro sector como comunidades por la carencia de servicios, los
principales líderes son detenidos por cuerpos especiales y pasado muchas veces
por procedimientos penales alejados de la legalidad. Hoy más que nunca la falta
de una dirección revolucionaria impide unificar las luchas y dotar a la clase
de un programa que sea verdaderamente revolucionario, nosotros sostenemos que
estamos en una etapa de propagandización, de captar y reorganizar los mejores
cuadros, de reorganización de las
fuerzas obreras y revolucionarias, construir en base a la organización sindical
existente, pero en la perspectivas de que las contradicciones de clases se
intensifican en Venezuela, una explosión social es posible aquí y en el mundo pudiendo
ser arrastrados por una ola revolucionaria. De esta derrota pudiésemos pasar
rápidamente a una situación revolucionaria, pero eso dependerá entre varios
factores de quien asume el liderazgo del movimiento obrero y popular, construir
un partido marxista de los trabajadores, que pueda enfrentar de forma
organizada y con un plan de lucha revolucionario el plan económico del chavismo
y el capitalismo mundial, es una necesidad urgente.
CSR-El
Topo Obrero
Septiembre
2021
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