martes, 7 de septiembre de 2021

La ley antibloqueo, las ZEE y la derrota del movimiento obrero venezolano

 

La crisis mundial que arranca en el año 2008 trajo el comienzo del fin de la capacidad del gobierno venezolano de hacer concesiones reivindicativas y políticas a la población; la caída de los ingresos petroleros en más del 60% y en consecuencia la disminución de la apropiación que hace la burguesía nacional de los recursos de PDVSA, los obligó a tomar medidas para no afectar las ganancias de los empresarios y a acelerar el camino, comenzado por Chávez, de entrega de los recursos nacionales a las trasnacionales.

Nosotros sostuvimos que para poder aplicar todo su programa económico y el respectivo plan de austeridad del chavismo, tenía en frente la tarea de derrotar al movimiento obrero venezolano que se había fortalecido y multiplicado desde el paro petrolero de 2002.

Las zonas especiales económicas

La naciente burguesía roja fue incapaz de convertirse en productiva, basó su enriquecimiento en la captación de los recursos provenientes de la renta petrolera vía apropiación directa o a través de empresas de servicios y la mayor parte de esos ingresos salieron del país, el BM calcula en 300.000 millones la fuga de capital venezolano entre los años 2000 y 2015. Durante esos años se multiplicaron empresas importadoras y aparecieron pequeñas empresarias bancarias, distribuidoras y crediticias contribuyendo en nada al desarrollo de la industria nacional.

El proyecto de desarrollo industrial nacional ofrecido por Chávez se convirtió en una gran farsa, nunca se presentó un plan de desarrollo nacional y solo se montaron minúsculas empresas que fueron arrasadas con la crisis y la corrupción, la apuesta del gobierno fue dejar en manos del capitalismo mundial el desarrollo de la industria y economía nacional, entregar la principal empresa y recurso del país a las trasnacionales. Para el año 2007 se establecen en Venezuela las asociaciones mixtas para la explotación de los recursos naturales, que sustituyen los contratos de operaciones, por la cesión del 49% del petróleo y gas producido a las empresas internacionales lo cual fue una clara privatización parcial de PDVSA. Pero la crisis económica mundial del 2008, provocó el fracaso de estas empresas convirtiéndolas en poco rentables, el gobierno entonces comenzó a manejar una propuesta que aumentará la rentabilidad a costa del sacrificio del pueblo y los recursos del país, las ZEE, que es la entrega de los recursos humanos y naturales a las trasnacionales, acompañada de la entrega de soberanía territorial y el establecimiento de un carácter jurídico para la defensa de los intereses extranjeros.

La pretensión de implementar las ZEE data del 2010 con la aprobación de la “Ley de zonas especiales de desarrollo sustentable”, luego para el 2014 la “Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socio Productivo de la Patria” y actualmente se discute en la AN del “Proyecto de Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales (LOZEE)”.

 La implementación en Venezuela de todas las medidas devenidas de las ZEE implica la destrucción de muchas de las conquistas de la clase obrera venezolana forjadas a lo largo de su historia, implica el desmontaje de estructuras jurídicas de conservación de la naturaleza así como la supresión de muchos derechos democráticos, la implantación de las ZEE será posible si el movimiento obrero, sus organizaciones obrera y su dirección, es subyugada a niveles no vistos en la historia moderna venezolana, y el chavismo con un plan definido se puso rápidamente en acción.

La derrota del movimiento obrero venezolano

Chávez trató por distintas vías maniatar al movimiento obrero, que había demostrado su fuerza tomando el control de la principal empresa del país al enfrentar el paro petrolero de 2002, ésta victoria elevó el nivel de conciencia del trabajador venezolano que comenzó a creer en la propuesta de control obrero de la producción, direcciones revolucionarias en aquel entonces la impulsaron y se obtuvieron victorias en ese sentido, pero a cada empresa tomada intervenía el gobierno (que tenía un gran peso sobre los trabajadores), saboteando hasta el cansancio, convirtiendo la lucha en mesas de trabajo o juntas mixtas que finalmente eran controladas por la burocracia del estado que a su vez intentaba cooptar a la dirigencia sindical ante el terror que el control obrero despierta en el aparato burgués. Aunque el gobierno logró aglutinar bajo su control un gran grueso del movimiento obrero venezolano, nunca le controló completamente, y en la medida que la situación económica comenzó a golpear el bolsillo de los venezolanos, las protestas y reclamos no se hicieron esperar, famosa es aquella asamblea en Guayana donde Chávez recibió abucheos en plena alocución.

La entrada de la crisis de 2008 trajo el fin de las concesiones que el gobierno podía hacer ante la presión de la clase obrera y puso sobre la mesa la aplicación de un plan de austeridad para comenzar a compensar la reducción de las ganancias de la burguesía, pero todavía la derrota del movimiento obrero estaba pendiente.

Para el año 2010 el gobierno sanciona la “Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios” estableciendo penas de hasta 10 años de prisión para quienes impidan la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes. Sirviendo para detener y apresar dirigentes obreros que de manera directa o indirecta afecten la producción en empresas privadas o estatales. Esta ley y las venideras no discriminan entre acciones obreras, sindicales o patronales, convirtiéndose en una camisa de fuerza para las huelgas, dándole carácter delictivo a aquellas acciones que no sean permisadas por el estado. El gobierno comenzó a limitar, condenar y acosar a aquellas prácticas sindicales que en los años de intensificación de la lucha de clases, le fueron vitales para su permanencia en el poder, medidas como el control obrero en PDVSA durante el paro o la toma de empresas ante los paros patronales, quiebra de empresa o desaceleración de la producción, son ahora delitos en los avances de los acuerdos gobierno-burguesía- imperialismo para enfrentar la crisis que se avecina.

En el 2011 se crea la Central Socialista Bolivariana de los Trabajadores CSBT, una institución controlada desde arriba por la dirección del partido de gobierno creando un vínculo directo entre este y las organizaciones obreras dentro de los centros de trabajo, ésta central disputa la dirección del movimiento a la UNT que tenía un carácter de clase y mayor independencia, con una dirección no controlada por el gobierno. El choque entre las dos tendencias no se hace esperar y Will Rangel antiguo dirigente sindical de oposición, será la cabeza de la CSBT y del sindicato petrolero PDVSA, finalmente todo el peso del estado, enfrentamientos y los errores al interior de la UNT convirtieron rápidamente a la CSBT en la principal central del país que representaba el sector conciliador y dependiente de la política chavista.

Las direcciones que se reivindican trotskista y que lideraron muchas de las más importantes luchas del país a medida que avanza la crisis son llevadas a sumergirse en la polarización política del país, vinculándose al bando opositor o chavista y realizando concesiones en su programa político para sobrevivir, su incapacidad de mantener la independencia política terminara erosionando sus bases y quitándole autoridad dentro del movimiento obrero.   

La Burguesía Roja avanza en su plan, se sancionan nuevas leyes como la “Ley del trabajo del 2012”, que limita considerablemente el ejercicio de la libertad sindical, en particular el derecho de huelga, busca hacer responsable a las organizaciones sindicales del contrato laboral o lo que el chavismo llama “proceso social del trabajo” en función de los intereses de la soberanía nacional, es decir los intereses del estado burgués, dejando a un lado la contradicción  existente entre la clase obrera y los intereses del patrono-estado.

La destrucción del salario

Desde la crisis mundial del 2008, las medidas aplicadas por el gobierno no solucionaron nada, medidas como la impresión de dinero inorgánica, financiamiento del déficit fiscal por parte del banco central etc. Las consecuencias se comienzan a sentir en la población, comienza a acelerarse la inflación y el poder adquisitivo de los trabajadores se comienza a resentir, también son descuidados los programas de atención social como alimentos en escuelas, planes de atención médicos, presupuesto para la educación etc.

A partir del 2013 el gobierno comienza a reducir drásticamente su capacidad de subsidiar a la burguesía, tomamos como referencia la eliminación de entrega de dólares preferenciales para la importación. La burguesía nacional se calza las botas y asume la defensa de sus ganancias, ya PDVSA no puede aportar de la manera en la que lo hacía, desde 2013 la nación registra una caída sostenida en sus ingresos petroleros. Entre 2013 y 2018 estos se contrajeron 65 %, al pasar de $85.603 millones a $29.810 millones, según cifras del BCV, y los burgueses deben recuperar sus ganancias, comienza entonces un escalada de aumento de precios, sin igual en la historia moderna de Venezuela, del acaparamiento y contrabando de productos nacionales al exterior se pasa al aumento de productos a precios internacionales (que en Venezuela habían estado subsidiados). Durante ese periodo las protestas populares no se hicieron esperar, saqueos como el del carupanazo fueron reprimidos fuertemente, mientras los empresarios aumentaban precios sin ningún control de parte del estado, la instituciones encargadas de regular y sancionar, tienen la orden de  hacerse de la vista , siendo así cómplices en la escalada de precios.

El  Banco Central Venezolano no reveló las cifras de la inflación hasta el 2019 cuando publica que entre 2016 y abril de 2019 la inflación fue de 53.798.500 % mientras el salario del venezolano aumentó del 2013 hasta la reconversión en el 2018 161.166 % y para la fecha su equivalente en dólares representa 1,76$ mientras la canasta básica en su más modesto cálculo vale 300$.

La migración

La crisis económica y la debilidad del movimiento obrero venezolano para enfrentar las medidas que iba aplicando el gobierno, condujeron al conjunto de trabajadores a buscar otras alternativas a su situación, la emigración a países con supuestas mejores condiciones laborales o el abandono del sector laboral formal para dedicarse a actividades de intercambio comercial son las principales salidas, las últimas cifras oficiales según el Instituto nacional de estadística (2018) refleja que la población laboralmente activa estaba en los 16 millones y la ocupada en 14,9M, para el año 2020 según cifras de ENCOVI las cifras son de 11,3M de activos y 10,9M personas ocupadas, para una contracción de 29,3%. Venezuela tiene una tasa de actividad laboral de 59,2%, la más baja de la región. Este fenómeno sumó un golpe más a la desarticulación del movimiento obrero,  trajo como consecuencia la deserción de algunos de los mejores cuadros sindicales, contribuyendo a enfriar muchos de los frentes de lucha, muchos sindicatos quedaron en situación legal comprometida al no cubrir los cupos necesarios para su funcionamiento. De esta manera una nueva generación asume con menos experiencia y formación, alejada de la memoria historia de lucha y que tiene como referencia la política de conciliación, el acuerdo y negociación propia de las centrales chavistas.

Para el 6 de febrero de 2018 la Asamblea Nacional Constituyente decretó la Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores con el objetivo de crear organizaciones paralelas a los sindicatos que asuman atribuciones iguales pero que defiendan los derechos del estado, con esto busca dar una estocada final a las organizaciones obreras restándole importancia y protagonismo al momento de enfrentarse al patrono.

El 20 de agosto de 2018 fue implementada la segunda reconversión del chavismo quitando 5 ceros a la moneda y aplanando la escala salarial, el golpe agarra desprevenido al movimiento obrero, la pregunta era ¿Qué pasara con las convenciones colectivas? En primera instancia esto implicó un aumento del salario mínimo que se diluyó en pocos meses, pero dejó en el aire las escalas salariales, las respuesta vinieron del sector salud y el sector docente principalmente junto con algunos trabajadores de Guayana pero las protestas no fueron trascendentes. El resultado fue el aplanamiento de las escalas salariales, destruyendo así años de lucha y conquista de las contrataciones colectivas, las escalas no fueron aumentadas en proporción a la reconversión si no que continuaron bajo el mismo tabulador y pasaron a ser insignificantes.

El 11 de Octubre de 2018 circula el “memorándum 2792” limitando la obligatoriedad de las inspectorías a discutir los contratos colectivos, engavetando un monto de contratos y quitándole al movimiento sindical una herramienta que le costó años construir y defender. Hubo reacciones, reclamos, protesta pero ninguna significativa, el trabajo estaba consumado el salario y las contrataciones colectivas perdieron significado, el trabajador está indefenso y el son lo dictan las medidas venidas del presidente, nunca el sindicalismo había sido tan insignificante.

¿Dónde están los obreros petroleros?

La empresa más importante del país, experimentó durante este tiempo un enfrentamiento entre las direcciones obreras a su interior, por un lado el sector proveniente de CCURA con José Bodas a la cabeza, contra la CSBT encabezada por Will Rangel, la CSBT en este caso funcionó como una extensión de la directiva de la empresa y el partido de gobierno, Will Rangel es también miembro de la directiva y fue diputado en la Asamblea Constituyente por el PSUV, la situación del obrero petrolero no escapó de la realidad nacional, salida de trabajadores históricos en la lucha a otras latitudes fue una constante, las persecuciones y acoso a líderes obreros estuvo presente, el movimiento que resistía a las aspiraciones de la CSBT fue erosionado y los patronales forman el grueso de la dirección. Sin embargo las contradicciones existen y en el 2020, con mucho esfuerzo y carencia se organizan protestas con limitado alcance en los centros de trabajo, las consignas principales son por mejoras salariales y de condiciones de trabajo, un dirigente de la burocracia sindical que ahora es disidente del chavismo por la presión de sus bases asume la vocería y en noviembre Edudis Girot es puesto preso por delitos asociados al terrorismo, por revelar en redes sociales negocios sospechosos de la industria petrolera, otros participantes en las minúsculas protestas son despedidos.

Despejado el camino, en Febrero de 2021 Maduro llama a discusión de las contrataciones colectivas en todos los sectores pero esto realmente no se ejecuta y solo los petroleros terminan con un documento aprobado en completo secreto y a espalda de todos los trabajadores, no hubo protesta, no hubo acciones sindicales, la reacción del sector petrolero le permite medir la reacción para las medidas que están por venir.

Semanas después, se anuncia el pago de salarios a través de del sistema patria, sistema de ayuda directa a la población, con esta medida el gobierno modifica de forma arbitraria el contrato laboral sin realizar ningún tipo de consulta a las organizaciones sindicales, sustituyendo la responsabilidad del patrono, desconociendo por supuesto acuerdos y condiciones extra salariales que se hayan consentido de mutuo acuerdo, aunque esta medida pudiese tener la potencialidad de convertir la lucha por el salario en una lucha directa contra el gobierno, hoy solo es recibida como un nuevo golpe, los debilitados sindicatos ahora encuentran un escollo más en su reclamo, EL patrono ahora culpa del retraso en los pagos o alguna falla, a un sistema que no pertenece oficialmente a ninguna institución, no existe ni siquiera una oficina gubernamental para realizar un reclamo, los trabajadores de las instituciones públicas quedan en mayor indefensión ya que sus autoridades ya no tienen injerencia en su salario y el sistema patria se convierte en su patrón.

La ley antibloqueo

En Octubre del 2020 la Asamblea Nacional Constituyente aprueba la “Ley Antibloqueo”, esta ley es el marco legal para que el gobierno chavista entre a la nueva fase entrega del país, lo sancionado en su interior solo se podrá aplicar sin un movimiento revolucionario que le enfrentase.

La ley se sobrepone sobre otras leyes en función del interés del estado de enfrentar el bloqueo económico, le permite al ejecutivo tomar medidas excepcionales y asumir tareas de defensa de los intereses de empresas privadas nacionales o extranjeras para salvaguardar los intereses de la nación, faculta al gobierno para establecer acuerdos internacionales y obliga al resto del estado a aprobarlos, su implementación es regulada por un órgano superior que designará el ejecutivo, cualquier ataque a la implementación de la ley tiene responsabilidad penal, los recursos generados por la aplicación de la ley serán separados del presupuesto nacional.

En lo referente a los trabajadores la ley impulsa sistemas COMPENSATORIOS del salario (NO el salario), también mecanismo alternativos para compensar otros derechos como pensiones, seguros etc. De manera que formaliza la aplicación de medidas alternas en perjuicio del salario y sus beneficios.

La ley le otorga al ejecutivo la potestad de vender o privatizar empresas públicas o ceder empresas mixtas, así como también alquilar arrendar partes de las empresas públicas. También otorga la posibilidad de devolver a sus antiguos dueños las empresas o tierras, que fueron estatizadas o aquellas que se encuentran en disputa jurídica. El ejecutivo puede utilizar los pasivos o activos del estado a su criterio para incrementar el flujo de divisas hacia la economía y realizar cualquier tipo de negociación saltándose los entes regulatorios. El ejecutivo puede levantar restricciones de comercialización a empresas privadas como lo considere.

Para cerrar el candado el ejecutivo se reserva aplicar o no lo que implique la ley si lo considera contraproducente. Todo lo hecho o acordado bajo esta ley puede permanecer en total secreto, el acceso a la información queda restringido en la medida que esto no perjudique el objetivo de la ley. El acceso o la divulgación de esta información tienen responsabilidad penal.

Con el salario destruido y en proceso de centralización de parte del ejecutivo, el control absoluto de la principal central obrera del país, los sindicatos independientes del gobierno desmovilizados y atomizados, las organizaciones que se reivindican revolucionarias jugando un papel centrista, la burocracia del estado y los organismos represivos afinados para apagar cualquier candelita que se encienda, el chavismo encuentra viento favorable para entregar las mayores condiciones posibles al capital internacional, la diferencia pendiente con el sector opositor actualmente se están dirimiendo en las mesas de discusión, para poder aplicar en acuerdo el nuevo plan económico.

Las protestas obreras aún existen en el país, pero su alcance es muy limitado, está reducido a pequeñas concentraciones y a demandas locales y puntuales, aquellas iniciativas que buscan convocatorias nacionales no logran trascendencia y rápidamente son neutralizadas. Pero el capitalismo en el mundo está en crisis y ya no es capaz de entregar concesiones al proletariado, las contradicciones de clase al interno están a flor de piel, las condiciones materiales son muy duras, y el gobierno avanza en sus política antiobrera, toda la estructura burocrática está montada para control de los obreros y actualmente el gobierno desarrolla una política de aprehensión selectiva de cualquier protesta, sea obrera o de otro sector como comunidades por la carencia de servicios, los principales líderes son detenidos por cuerpos especiales y pasado muchas veces por procedimientos penales alejados de la legalidad. Hoy más que nunca la falta de una dirección revolucionaria impide unificar las luchas y dotar a la clase de un programa que sea verdaderamente revolucionario, nosotros sostenemos que estamos en una etapa de propagandización, de captar y reorganizar los mejores cuadros,  de reorganización de las fuerzas obreras y revolucionarias, construir en base a la organización sindical existente, pero en la perspectivas de que las contradicciones de clases se intensifican en Venezuela, una explosión social es posible aquí y en el mundo pudiendo ser arrastrados por una ola revolucionaria. De esta derrota pudiésemos pasar rápidamente a una situación revolucionaria, pero eso dependerá entre varios factores de quien asume el liderazgo del movimiento obrero y popular, construir un partido marxista de los trabajadores, que pueda enfrentar de forma organizada y con un plan de lucha revolucionario el plan económico del chavismo y el capitalismo mundial, es una necesidad urgente.

 

CSR-El Topo Obrero

Septiembre 2021

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