En la compleja política exterior de Donald Trump, garantizar el suministro de petróleo desde Venezuela fue uno de sus pocos objetivos claros.
Aunque a Nicolás Maduro no lo consideran el gobernante ideal para un acuerdo, su administración otorgó una licencia a la empresa Chevron para operar en el país. Los términos de esta concesión no se conocen en detalle, y el secretismo que rodea la medida sugiere que estará sujeta a la total discreción del gobierno estadounidense.
Esta concesión, que beneficia a un gobierno que Trump califica de ilegítimo, refleja las contradicciones de la burguesía estadounidense, que no ha logrado encontrar una solución para contener el avance de su rival, China. En el caso de Venezuela, el mensaje es claro: Estados Unidos no quiere abandonar al país como proveedor de petróleo y ceder ese terreno a sus competidores. Al mismo tiempo, Washington busca que el gobierno de Maduro se alinee más con sus intereses económicos y geopolíticos.
El reinicio de las actividades de Chevron en Venezuela fue precedido por acciones del gobierno de Maduro, como la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses y varios presos políticos. Estas medidas mutuas parecían aliviar la presión sobre el gobierno venezolano. Sin embargo, a estas acciones le siguieron otras como el aumento de la recompensa por la captura de Maduro a $50 millones, un gesto que, si bien tiene poca relevancia práctica, envía un mensaje contundente: Estados Unidos no convalida Maduro en la presidencia de Venezuela, lo tolera mientras no haya posibilidad de cambio a la vista y no cesará la presión para posibilitar su salida.
La campaña de desprestigio y el despliegue militar
En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado una campaña para desacreditar a Nicolás Maduro, asociándolo con el narcotráfico. Esta estrategia se ha manifestado a través de una serie de declaraciones y acciones oficiales:
• El Departamento del Tesoro anunció la incautación de más de $700 millones en activos vinculados al régimen.
• Terry Cole, director de la DEA, afirmó que "Venezuela se ha convertido en un estado narco-terrorista" que colabora con grupos como las FARC y el ELN.
• La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el secretario de Estado, Marco Rubio, calificaron a Maduro como un "cartel del narcotráfico" y un "fugitivo de la justicia".
A esta campaña le ha seguido el despliegue de ocho buques de guerra, varios aviones de vigilancia y un submarino de ataque en el mar Caribe, en una supuesta operación antidrogas. Este es un despliegue naval sin precedentes en la región en al menos 20 años.
Un despliegue militar de tal magnitud y desproporcionado para combatir el narcotráfico —ya que los traficantes no poseen buques ni armamento capaz de enfrentarse a un ejército naval— sugiere que el verdadero objetivo no es el narcotráfico en sí cuando La droga más mencionada por Trump, el fentanilo, no se produce en grandes cantidades en Venezuela, y la cocaína se trafica principalmente por el océano Pacífico, no por el Caribe, según un informe de las Naciones Unidas de 2023.
Hasta ahora la fuerza militar ha sido utilizada en pocas ocasiones, la primera ocurrió el 2 de septiembre cuando el presidente Trump aseguró que, bajo sus órdenes, la Marina estadounidense había matado a "11 terroristas en acción" a bordo de una lancha procedente de Venezuela. El video fue presentado al mundo y el ataque, que supuestamente se realizó con un misil disparado por un dron, sorprendió por su magnitud y arbitrariedad. Surgen varias preguntas sobre el hecho:
• ¿Cómo se determinó que los tripulantes pertenecían al Tren de Aragua (como afirmó Trump) y eran narcotraficantes?
• ¿Se intentó detener la embarcación antes de destruirla?
• ¿Cómo justifica EE. UU. el uso de armamento militar contra civiles?
• ¿Dónde están las pruebas de que transportaban droga, dado que la embarcación fue completamente destruida?
Una lancha de esas características no puede ir de Venezuela a Estados Unidos, por lo que su destino era otro y el ataque se presume ocurrió en aguas de Trinidad y Tobago y violó numerosas leyes internacionales. Luego de este incidente han ocurrido al menos otros dos con características similares. La acción, que a nivel estratégico militar es ridícula por lo desproporcionada, envía un mensaje claro: Estados Unidos puede tomar medidas letales contra cualquier embarcación sospechosa en el Caribe sin importar la normativa legal.
Venezuela en la guerra comercial
Esta amenaza se extiende a todos los países latinoamericanos, pero el primero en la lista parece ser Maduro, quien no termina de corresponder a los deseos de Washington y persiste en mantener relaciones con sus rivales. Ante las sanciones norteamericanas, el chavismo ha buscado otros mercados para oxigenar la economía venezolana. China, en particular, se ha convertido en un socio comercial crucial y el segundo en importancia después de los estados unidos.
Actualmente, China es el principal importador de petróleo venezolano, comprando 779,000 barriles por día, muy por encima de los 226.100 BPD que compra Chevron. A cada sanción, el intercambio comercial con otros destinos ha aumentado. Si se analiza la lista de socios comerciales más importantes de Venezuela, en los últimos años se nota que está compuesta por países que no son del agrado del gobierno de Trump, China, India, Turquía Rusia, Brasil e Irán encabezan esa lista y noten que solo faltaría Sudáfrica para completar los fundadores de los BRICS.
Para llevar a cabo este intercambio comercial, Venezuela ha tenido que tomar medidas para evadir las sanciones. En el mar, ha recurrido a una "flota en la sombra" o "flota fantasma", barcos que operan fuera de las normas marítimas internacionales. Estos buques cambian de nombre, usan banderas de conveniencia y desactivan sus sistemas de rastreo haciéndose invisibles cuando entran al caribe para evadir los controles y realizar traspaso de mercancías con buques impedidos de navegar por las sanciones impuestas. Esta práctica, que ha crecido a raíz de las sanciones, no solo permite a Venezuela comerciar, sino que también enseña a otros países a evadir las normativas internacionales, creando una red lejos del control imperial.
Estados Unidos busca reordenar su poder en el Caribe, ha presionado al gobierno de Panamá para sacar conglomerados chinos de las rutas marítimas que involucran el Canal de Panamá y ha obligado a su gobierno a abandonar el proyecto de la ruta de la seda en su brazo marítimo, de esta manera controla el tránsito hacia el pacífico. También busca controlar el comercio que Venezuela y otros países como Cuba, mantienen con sus rivales en el mar caribe mediante prácticas fuera de su control, amenazando con acciones contundentes como los ataques con drones a cualquier embarcación que considere sospechosa ya así retomar el control del tránsito hacia el atlántico.
Venezuela no es un protagonista antiimperialista en esta ecuación, sino que está atrapada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El gobierno de Maduro intenta complacer a ambos bloques para convertirse en un agente servil, pero la principal potencia imperial le exige una definición.
La presión sobre Maduro busca dos desenlaces posibles o termina de romper con China y se adhiere fielmente a la política de Trump o será sustituido por un gobernante más obediente, entre sanciones, amenazas militares, aranceles y desprestigio buscan crear fisuras en la cúpula militar deserciones en el partido de gobierno, aislamiento del resto de las naciones del mundo y aumentar el descontento social interno.
El gobierno de Maduro responde liberando prisioneros estadounidenses y presos políticos, aumentando los vuelos de repatriación, y garantizando el suministro de petróleo. Al mismo tiempo, ejerce un férreo control sobre la población con detenciones arbitrarias, ataca a organizaciones sociales, sindicatos, frentes campesinos y movimientos de derechos humanos, destruye el salario de los trabajadores para el beneficio de los empresarios, y crea zonas económicas especiales para la instalación de transnacionales con pocas obligaciones laborales. En lo coyuntural la principal medida ha girado en torno a la posibilidad de un alistamiento militar al que la población ha respondido con apatía, por lo que se esperan próximas medidas para compensar esta situación
Una acción militar estadounidense para deponer a Maduro, aunque poco probable, no es descabellada. En 1989, EE. UU. invadió Panamá desde el mar para derrocar al dictador Manuel Noriega, quien también había sido acusado de narcotráfico. En el escenario actual, la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo a México, Colombia y Brasil, se opondrían a una acción militar. Además, actores como China y Rusia ya han denunciado la pretensión norteamericana. Sin embargo, la crisis del capital impulsa a la potencia imperial a tomar acciones cada vez más fuertes si quiere seguir intentando mantener su hegemonía.
Como revolucionarios, rechazamos cualquier acción militar sobre Venezuela. Nuestra lucha es contra el capitalismo mundial y las potencias imperialistas que lo sostienen. Desenmascaramos el discurso de Estados Unidos sobre la lucha contra el narcotráfico, ya que ellos mismos son partícipes de ese negocio y su verdadera intención es el dominio y control del mercado en América. Esto no debe ser confundido con un apoyo al gobierno capitalista venezolano, enemigo de la clase obrera y que busca convertirse en un agente de las potencias imperiales.
La dirección de una resistencia armada contra una invasión no puede recaer en el gobierno actual, su ejército ni la oposición burguesa, todos ellos son partícipes del saqueo y la entrega de nuestros recursos a las transnacionales norteamericanas, chinas, españolas, rusas, etc. No podemos dejar la dirección de la resistencia subordinada a la burguesía, que participa activamente en la detención y la represión de las organizaciones de lucha obrera. Dejar la dirección de la defensa en manos de estos sectores solo generaría desconfianza, ya que sus intereses están ligados a la preservación del orden capitalista y el saqueo, y no a la liberación del proletariado.
La resistencia contra el imperialismo solo puede ser efectiva si involucra al proletariado con su carácter clasista. Esto requiere:
• Organización y Mando Obrero: Crear direcciones de lucha organizadas en los espacios naturales de la clase: fábricas y centros de trabajo. Desde allí, deben formarse comités de soldados que elijan a sus propios oficiales, garantizando un mando leal a los intereses de la clase y no a la burguesía.
• Armamento y Entrenamiento Popular: El entrenamiento militar debe realizarse en los centros de trabajo, fuera del control de las guarniciones militares. Las armas deben estar disponibles para las organizaciones de trabajadores y la defensa popular en los espacios de organización obrera.
• Nacionalización inmediata bajo Control Obrero de todos los activos de las transnacionales estadounidenses que se encuentren en el país.
• Activación de comités de obreros para el resguardo, defensa y la administración de todos los servicios esenciales: electricidad, agua, transporte y empresas estratégicas.
Solo un plan de acción dirigido por la clase obrera puede organizar todos los recursos necesarios para la defensa popular. En este escenario, la existencia de un gobierno obrero en Venezuela se vuelve más imperiosa que nunca.
Corriente Socialista Revolucionaria - El Topo Obrero
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