La estafa del «Nacionalismo Petrolero»
El acuerdo firmado en 2026 por la administración de Delcy Rodríguez —que cede de facto el control operativo y comercial de 65.000 millones de barriles de petróleo al imperialismo estadounidense y subordina la caja chica nacional al celoso arbitrio del Tesoro en Washington— ha sido presentado por el discurso oficial como una necesidad táctica y por la oposición patronal como el desenlace natural de la «ineficiencia estatal». Ambas narrativas encubren una verdad histórica más profunda y condenatoria.
El remate colonial de la industria hidrocarburífera no constituye una anomalía histórica ni una traición sobrevenida en el vacío; representa el desenlace lógico e inevitable del modelo de capitalismo de Estado rentista instaurado bajo el chavismo.
Durante más de dos décadas, el reformismo y la intelectualidad pequeñoburguesa construyeron el mito de una «PDVSA soberana y socialista». Se pretendió hacer creer a la clase trabajadora que la estatal petrolera se había transformado en un bastión antiimperialista por el mero hecho de que una burocracia roja administrara la captura de la renta. Sin embargo, el análisis marxista demuestra que el chavismo jamás alteró la matriz de acumulación capitalista ni rompió los lazos de subordinación con el mercado mundial dominado por el gran capital financiero.
Al negarse a destruir el Estado burgués, al pactar la coexistencia con las transnacionales en el esquema de Empresas Mixtas, al ahogar los embriones de control obrero y al dilapidar el mayor superciclo petrolero de la historia en el enriquecimiento de una nueva casta empresarial y el pago de la deuda externa, la burocracia estatal preparó metódicamente las condiciones para el colapso de PDVSA. La transición desde la retórica de la «Plena Soberanía Petrolera» hasta la conversión de la industria en una receptoría financiera de Washington evidencia una lección estratégica fundamental: en la época imperialista, la burguesía nacional y las burocracias de los países oprimidos son orgánicamente incapaces de sostener la independencia nacional y defender los recursos naturales.
La PDVSA de Chávez: Capitalismo de Estado y «migajas» sociales
Para comprender la capitulación de 2026 es imprescindible desmitificar la gestión hidrocarburífera de Hugo Chávez (2001–2013). La caracterización rigurosa de este periodo exige ubicar la naturaleza de clase del propio régimen chavista: un bonapartismo sui generis encaramado sobre una nación semicolonial.
Como teorizó León Trotsky al analizar regímenes análogos en América Latina, este tipo de gobierno de la pequeña burguesía nacional intenta elevarse por encima de las clases sociales para disputarle a las potencias extranjeras una mayor porción de la renta. Para lograrlo, se apoya en la movilización de las masas populares empobrecidas, usándolas como elemento de presión en la negociación con el imperialismo y la oligarquía tradicional, pero cuidando en todo momento de mantener la protesta dentro de los márgenes de la propiedad privada y el ordenamiento estatal burgués.
La política insignia de la «Plena Soberanía Petrolera», cristalizada en la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001 y en la migración forzosa a Empresas Mixtas entre 2005 y 2007, jamás significó la socialización de los recursos ni la expulsión del capital extranjero. Si bien el Estado elevó soberanamente la tasa de regalía al 30% y el Impuesto sobre la Renta (ISLR) al 50% —revirtiendo las condiciones de regalía al 1% durante la Apertura Petrolera de los noventa—, el esquema consagró la asociación de PDVSA (conservando un mínimo del 51% del accionariado) con los gigantes del capital monopolista (Chevron, Eni, Repsol, Total, CNPC, Rosneft), que mantuvieron hasta el 49% restante.
Este reparto accionario no fue un paso hacia el socialismo, sino una renegociación del estatuto de dependencia. Al mantener a las transnacionales dentro de los pozos, la industria siguió encadenada a la tecnología occidental, a los circuitos internacionales de comercialización y a la fuga legal de plusvalía mediante la repatriación de dividendos.
Pero donde el mito del «petróleo socialista» se derrumba de manera más categórica es al examinar el destino real de la colosal masa de riqueza captada durante la bonanza. Entre 2004 y 2014, ingresó a Venezuela la cifra astronómica de más de 700.000 millones de dólares por concepto de exportaciones petroleras. ¿En qué se tradujo este océano de renta captado por el Estado?
La propaganda oficial colocó en el centro de la escena a las Misiones Sociales (Barrio Adentro, Misión Vivienda, Mercal) para proyectar la imagen de una redistribución radical de la riqueza. Sin embargo, visto bajo la métrica de las proporciones macroeconómicas de clase, el gasto social destinado a las Misiones representó apenas las migajas del festín rentista.
Estas asignaciones cumplieron una función política de pacificación y amortiguación de clase: otorgaron alivios temporales en el consumo y en la infraestructura básica de las capas empobrecidas para garantizar la lealtad electoral y contener el potencial insurreccional del proletariado, sin alterar jamás la estructura de la propiedad ni industrializar el país.
El grueso del ingreso no fue a parar a los trabajadores ni a la transformación de la matriz productiva. El verdadero excedente petrolero fue sistemáticamente drenado a través de varias vías fundamentales del gran capital y la burocracia:
· Sustitución de la industrialización por el parasitismo importador: En lugar de utilizar la renta extraordinaria para diversificar la economía e impulsar un desarrollo industrial autónomo y científico-técnico, el régimen abandonó toda aspiración real de industrialización soberana. En su lugar, se profundizó la dependencia estructural mediante una política de importación masiva y desenfrenada. A través de mecanismos de control de cambio (como CADIVI y SITME), cientos de miles de millones de dólares preferenciales fueron liquidados a la burguesía tradicional y a la naciente bolibourgeoisie, alimentando la sobrefacturación, las empresas de maletín y el desmantelamiento del aparato productivo interno.
· Endeudamiento irresponsable y la estafa de los bonos petroleros: Paradójicamente, en medio de la bonanza financiera más abrumadora de la historia, el Estado y PDVSA incurrieron en un endeudamiento colosal y desproporcionado. Mediante la emisión masiva de bonos soberanos y papeles de la estatal petrolera (destacando las emisiones de Bonos PDVSA con jugosos descuentos y rendimientos astronómicos), se alimentó un voraz negocio de especulación financiera. Estos papeles no se emitieron para apalancar inversiones productivas, sino para alimentar el mercado paralelo de divisas, subsidiar la fuga de capitales y beneficiar a los tenedores de Wall Street, llegando al extremo de hipotecar activos estratégicos internacionales como Citgo.
· El pago religioso de la deuda externa usuraria: Lejos de declarar una moratoria o cuestionar la ilegitimidad de los créditos internacionales, el gobierno de Chávez canceló de forma puntual más de 100.000 millones de dólares en servicio de la deuda a los tenedores de bonos de Wall Street, garantizando las ganancias del capital financiero imperialista a costa del sacrificio de la renta nacional.
· El sostenimiento del aparato estatal y la casta militar: Financiamiento de una hipertrofiada burocracia de Estado y del estamento superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que comenzó a posicionarse como el árbitro de los negocios públicos y el custodio de las aduanas, puertos y minas.
El modelo petrolero del chavismo no construyó una alternativa al capitalismo; organizó un gigantesco engranaje de captura y desviación de la renta del suelo donde las Misiones Populares sirvieron como velo ideológico para encubrir la transferencia masiva de recursos hacia el capital privado y la burocracia gobernante. Al descuidar la reinversión en mantenimiento productivo, exploración y actualización tecnológica de PDVSA para sostener este esquema de patronaje y corrupción, el régimen minó los cimientos materiales de la propia industria, preparando el terreno para el colapso operativo y la posterior rendición incondicional ante el imperialismo.
La carcoma interna: Corrupción, desinversión y liquidación del control obrero
El colapso operativo de la industria petrolera no comenzó con las sanciones financieras estadounidenses; sus causas profundas se gestaron en el seno del propio aparato de Estado burgués durante el período de mayor holgura financiera de la historia nacional. La destrucción de la capacidad productiva de PDVSA es el resultado directo de dos procesos ligados: la sofocación sistemática del control obrero y la degradación burocrática e ineficiencia sistémica de una gestión estatal sin fiscalización popular.
La traición al hito de 2002-2003 y el ahogamiento del embrión de control obrero
El momento constitutivo de la PDVSA chavista contiene una de las mayores lecciones para el movimiento revolucionario. Durante el sabotaje petrolero y golpe patronal de diciembre de 2002 y principios de 2003, cuando la tecnocracia meritocrática de la "PDVSA Azul" abandonó las instalaciones para asfixiar al país, fue la clase trabajadora petrolera la que, de forma autónoma y heroica, tomó el mando de las refinerías, llenaderos y campos de extracción. Sin gerentes ni directiva corporativa, mediante asambleas de base y comités autogestionados, los obreros y técnicos patriotas reactivaron los procesos operativos, demostrando en la práctica que la producción no requiere de la casta patronal ni de la burocracia estatal para funcionar.
Aquel hito histórico representó un embrión genuino de control obrero sobre los medios de producción. Sin embargo, la dirección política del chavismo, en lugar de institucionalizar el poder de las asambleas trabajadoras y avanzar hacia la administración democrática obrera de la industria, actuó para abortar dicho proceso.
Acorralado por el temor a que la independencia de clase desbordara los márgenes del Estado burgués, el gobierno procedió a recentralizar el mando de la empresa desde arriba. Se creó la consigna de la "PDVSA Roja, Rojita", reemplazando a la vieja meritocracia de derecha por una nueva casta de administradores estatales, altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y burócratas adscritos al partido de gobierno. La cúpula del sindicato oficialista (FUTPV) fue cooptada e integrada al aparato de Estado, asumiendo la función de disciplinar a las bases, reprimir las huelgas independientes y neutralizar cualquier intento de fiscalización desde los portones de las refinerías.
Degeneración burocrática y parasitismo militar
Es preciso remarcar que el colapso de PDVSA no tomó a nadie por sorpresa; la clase trabajadora petrolera advirtió, denunció y combatió sistemáticamente la catástrofe en marcha. Desde los portones de las refinerías, las plataformas de la Faja y las asambleas de base, los obreros y técnicos honestos señalaron con precisión el desmantelamiento operativo, los contratos fraudulentos, la falta de mantenimiento y el saqueo burocrático. Sin embargo, la respuesta del Estado burgués no fue la escucha ni la rectificación, sino el garrote represivo. Para proteger los negocios de la casta gobernante, la burocracia desató una cacería contra la vanguardia obrera: cientos de trabajadores fueron despedidos por exigir auditorías y salario, perseguidos por los cuerpos de seguridad y encarcelados bajo infames imputaciones de “sabotaje” o “traición a la patria”. Mientras los verdaderos saqueadores burocráticos y empresariales disfrutaban de absoluta impunidad, las cárceles se llenaron de petroleros cuyo único delito fue defender la industria y la dignidad de su clase.
Al sofocar la democracia obrera y eliminar cualquier mecanismo de auditoría pública y transparente, la gestión de la industria quedó a merced del parasitismo burocrático. PDVSA pasó a ser administrada de forma opaca como una "caja chica" del Estado y un botín de distribución política.
Bajo la dirección de la cúpula militar y burocrática, la estructura de la empresa se vició de contrataciones a dedo, sobreprecios astronómicos en la adquisición de insumos, proliferación de empresas fiduciarias de maletín y desvío masivo de fondos públicos. Casos emblemáticos de corrupción estructural —que años más tarde estallarían en tramas como la de PDVSA-Cripto o la quiebra de las filiales internacionales— no fueron "desvíos éticos individuales", sino la consecuencia inevitable de haber puesto el recurso más valioso del país bajo el mando de una casta blindada de todo control obrero.
Al mismo tiempo, la burocracia desvió los fondos destinados a la amortización de capital, la exploración de nuevos yacimientos y el mantenimiento preventivo de los complejos refinadores para cubrir el gasto corriente del Estado y alimentar los negocios de la boliburguesia. Los pozos de la Faja Petrolífera del Orinoco y del occidente del país sufrieron una desinversión estructural crónica: los equipos de perforación quedaron paralizados por falta de repuestos, las tuberías de transporte se deterioraron hasta provocar derrames constantes y las grandes refinerías del país (Amuay, Cardón, El Palito) cayeron en un estado de parálisis operativa.
El resultado material: El colapso de la producción nacional
El balance cuantitativo de esta gestión burocrática es devastador. Una industria que a comienzos de siglo procesaba y exportaba cerca de 3,1 millones de barriles diarios experimentó una caída vertiginosa y sostenida, mucho antes de que se aplicara el cerrojo de las sanciones internacionales de 2019. Para cuando sobrevino la crisis política de 2026, la capacidad operativa real de PDVSA se encontraba reducida a una fracción residual, incapaz siquiera de abastecer el mercado interno de combustibles sin recurrir a la importación.
Este desplome productivo desarmó materialmente al Estado venezolano. La burocracia que se vanagloriaba de la "independencia energética" terminó destruyendo la propia base material que le permitía negociar en términos de relativa autonomía. Al arruinar la infraestructura por corrupción y falta de reinversión, y al mantener a la fuerza de trabajo petrolera sumida en salarios de miseria y persecución judicial, la burocracia estatal preparó el escenario para la capitulación: sin producción propia, sin tecnología y sin el respaldo de una clase obrera organizada, el régimen tutelado de Delcy Rodríguez no tuvo más alternativa de supervivencia de clase que poner de rodillas lo que quedaba de la industria ante el capital transnacional y el Imperialismo estadounidense.
El salto cualitativo de 2026: La muerte de PDVSA y el retorno al enclave colonial
El acuerdo suscrito en 2026 entre la administración de facto de Delcy Rodríguez y el imperialismo estadounidense representa un salto cualitativo regresivo que no encuentra parangón en la historia contemporánea de Venezuela. No se trata de una renegociación coyuntural de concesiones ni de una "apertura al capital privado" en el marco del orden constitucional burgués; constituye la destrucción definitiva de PDVSA como empresa estatal operadora y la degradación del país a la condición de enclave extractivo bajo protectorado financiero.
De empresa estatal operadora a "firma de sellos"
Bajo los términos de este pacto, PDVSA es completamente despojada de sus funciones históricas en 17 yacimientos estratégicos que albergan 65.000 millones de barriles de reservas probadas —el 21,5% del total nacional—. Corporaciones transnacionales como Chevron y North American Blue Energy Partners (NABEP) asumen el control mayoritario directo y exclusivo de la totalidad de la cadena de valor: la explotación en boca de pozo, el procesamiento, el transporte marítimo, la refinación y la comercialización en el mercado internacional se ejecutan sin la menor intervención operativa de la estatal venezolana.
PDVSA pierde así el monopolio del comercio exterior de hidrocarburos, que constituía el último pilar de la estatización burguesa de 1976. La empresa queda reducida a un mero cascarón administrativo, un ente de tramitación burocrática cuya única función es estampado de sellos para legalizar la presencia del capital monopolista extranjero y encubrir, bajo una fachada formal, la pérdida absoluta de la soberanía energética.
La resurrección del enclave gomezcista y el dumping fiscal
La estructura operativa configurada en estos 17 yacimientos retrotrae a Venezuela a la dinámica de la "Economía de Enclave" propia de la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935). Los campos petroleros entregados pasan a funcionar como zonas de extraterritorialidad económica de facto:
- Desposesión sin riesgo: La entrega de ocho "bloques verdes" —yacimientos con reservas ya certificadas por la inversión previa del Estado— garantiza al capital transnacional ganancias extraordinarias sin asumir costos ni riesgos de exploración.
- Dumping tributario: La drástica reducción de la regalía al 16% (frente al 30% fijado en la Ley de Hidrocarburos de 2001) y la amputación del Impuesto sobre la Renta al 34% (igualándolo al de cualquier actividad comercial ordinaria) despojan a la nación de la captura de la renta diferencial del suelo. Se regalan las superganancias al capital financiero internacional a precio de saldo.
- El régimen de superexplotación laboral: En estos enclaves se liquida la Convención Colectiva Petrolera. La masa trabajadora queda sometida a esquemas de tercerización precarizada, contratación temporal sin estabilidad, congelamiento salarial y bonificación sin incidencia en prestaciones sociales. El Estado actúa como el gendarme garante de la "paz social", utilizando el aparato policial y judicial para ilegalizar huelgas y perseguir a cualquier vanguardia obrera que intente organizarse en los portones.
La Receptoría Financiera: El tutelaje del Tesoro estadounidense
La arista más aberrante de esta capitulación reside en su mecanismo de liquidación financiera, que liquida la soberanía monetaria y fiscal del Estado venezolano. De la cotización de referencia por barril ($65+), el análisis de la ecuación económica expone la magnitud de la expoliación:
Sin embargo, ni siquiera esos marginales $19 por barril ingresan de forma directa a las arcas del Banco Central de Venezuela (BCV) o a la tesorería de PDVSA. En un esquema que replica las Receptorías Financieras y Aduaneras impuestas por el imperialismo yanqui en el Caribe a principios del siglo XX, la totalidad de los ingresos, impuestos y regalías son depositados directamente en cuentas bancarias custodiadas y auditadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
La administración de Delcy Rodríguez pierde la libre disponibilidad de la caja chica nacional. Para acceder a los recursos devueltos a cuentagotas, el Estado venezolano debe presentar presupuestos de gasto que requieren la autorización expresa de Washington, condicionando los desembolsos a compras supervisadas, pago de compromisos externos o la ejecución de programas aprobados por el tutor imperial.
Este mecanismo convierte al gobierno local en un administrador dependiente de un fideicomiso colonial. El imperialismo estadounidense adquiere la capacidad de estrangular o liberar el flujo de liquidez mediante un simple clic bancario, asegurando la subordinación política incondicional del régimen tutelado y transformando la riqueza petrolera venezolana en un recurso directamente fiscalizado por la potencia dominante.
Geopolítica del despojo: Venezuela en la maquinaria de guerra de EE. UU.
El pacto petrolero de 2026 no puede comprenderse únicamente como una operación de saqueo económico local o una concesión mercantil ordinaria; debe caracterizarse como una medida de emergencia impuesta por el imperialismo estadounidense en el marco de la agudización de la crisis bélica global y de la competencia interimperialista.
El factor Ormuz y la urgencia por el crudo pesado
La escalada militar y los enfrentamientos en el Estrecho de Ormuz —el principal cuello de botella logístico del capitalismo mundial, por donde transita cerca del 20% del petróleo global— amenazan con provocar un estrangulamiento prolongado de las cadenas de suministro desde Oriente Próximo. Ante la vulnerabilidad de las rutas marítimas asiáticas y la perspectiva de un choque energético que provoque inestabilidad en el centro imperialista, Washington se vio urgido a asegurar fuentes de hidrocarburos geográficamente cercanas, militarmente inexpugnables y técnicamente adaptadas a su infraestructura industrial.
Es en esta geometría del conflicto donde la Faja Petrolífera del Orinoco cobra una centralidad estratégica decisiva. Las grandes plantas de refinación del complejo industrial norteamericano en el Golfo de México están configuradas específicamente para procesar crudo pesado y extrapesado. El acuerdo impuesto a la administración tutelada de Delcy Rodríguez garantiza a la Casa Blanca un flujo ininterrumpido de insumos energéticos clave a tan solo unos días de navegación, totalmente protegido frente a eventuales bloqueos, ataques con misiles o sabotajes navales en las rutas marítimas de Asia.
La Reserva Estratégica y el subsidio a la maquinaria bélica del Pentágono
La captura de estos 65.000 millones de barriles de reservas probadas opera como un colchón financiero directo para absorber los costos de la conflagración imperialista en Oriente Próximo. Al arrebatar la renta del suelo venezolana mediante regalías e impuestos amputados —que dejan al Estado local con una cuota marginal de apenas $19 por barril sobre cotizaciones internacionales muy superiores—, el Tesoro de EE. UU. y las transnacionales (Chevron, NABEP) obtienen petróleo a un costo de extracción y captura enormemente depreciado. La superexplotación de la clase obrera venezolana subsidia directamente la estabilidad de las cuentas norteamericanas en plena coyuntura de guerra.
La gravedad de esta capitulación alcanza su cénit con la destinación explícita del crudo venezolano para reponer la Reserva Estratégica de Petróleo de los Estados Unidos. Dichos inventarios no constituyen un fondo de comercialización civil, sino una reserva logística militar utilizada por Washington en momentos de crisis de abastecimiento o confrontación bélica abierta.
Bajo el mando de la burocracia de facto, la riqueza hidrocarburífera venezolana deja de alimentar el desarrollo nacional para convertirse en combustible directo de la maquinaria bélica del Pentágono. Venezuela pasa a ser un engranaje subordinado de la logística militar imperialista.
El cercamiento a China y la neutralización de Irán
En el tablero de la contención geopolítica, la toma de control sobre la producción y la comercialización del petróleo venezolano le permite a Estados Unidos asestar un golpe estratégico simultáneo a sus rivales globales:
- Desarticulación del abastecimiento chino: Venezuela e Irán constituían los dos pilares fundamentales de suministro energético independiente para la economía china fuera de los circuitos bancarios y monetarios dominados por el dólar. Al tomar el control físico de la exportación y el control bancario de las cuentas petroleras de Caracas, Washington corta uno de los canales clave de aprovisionamiento del capital chino, reinsertando el crudo venezolano en la órbita de su hegemonía financiera.
- Neutralización del chantaje en Oriente Próximo: Al contar con la garantía de suministro sustitutivo desde el Golfo de México y el Orinoco, Estados Unidos reduce la capacidad de Teherán para presionar a los mercados globales mediante la amenaza del cierre de Ormuz, adquiriendo la holgura táctica para endurecer su cerco militar y diplomático sobre el régimen persa sin temor a desencadenar una crisis energética catastrófica en el bloque occidental.
La capitulación final del régimen tutelado
El régimen de Delcy Rodríguez ha terminado alineando a Venezuela directamente dentro del bando imperialista estadounidense en la confrontación mundial por el reparto del mercado energético. La burocracia que durante años agitó falsamente la bandera del "multipolarismo" y la "resistencia antiimperialista" actúa hoy como un peón funcional al Pentágono, entregando el trabajo obrero y los recursos del subsuelo para sostener la hegemonía del dólar y el esfuerzo bélico de la potencia dominante.
Esta subordinación geopolítica confirma la tesis Trotsky de la Revolución Permanente: en los países oprimidos, cualquier intento de la burguesía nacional o de las burocracias de Estado por construir un "nacionalismo independiente" termina inevitablemente en la capitulación y en el sometimiento ante el capital financiero internacional.
Capítulo V: Balance histórico y las lecciones del reformismo
El recorrido que va desde la refundación del Estado rentista bajo el gobierno de Hugo Chávez hasta el remate colonial ejecutado por la administración de Delcy Rodríguez constituye un experimento de laboratorio histórico sobre los límites infranqueables del reformismo y del nacionalismo burgués en la época imperialista.
La quiebra de la Tesis de la «Vía Intermedia» y el Multipolarismo
Durante décadas, las corrientes reformistas, el estalinismo y la intelectualidad de la pequeña burguesía postularon la posibilidad de construir un "modelo soberano" en los países oprimidos sin destruir el Estado burgués, sin expropiar la propiedad privada del gran capital y sin instaurar el poder de la clase trabajadora. La experiencia venezolana desbarata punto por punto esta ilusión:
- La imposibilidad del "desarrollo nacional" bajo el capitalismo: En la era del capital financiero y las transnacionales, no existe margen para un desarrollo industrial autónomo conducido por la burguesía local. La captación del excedente petrolero en época de bonanza, al no ser utilizada para la expropiación del capital ni para la planificación socialista de la economía, terminó sirviendo como lubricante para la especulación financiera, la fuga de divisas y el surgimiento de una parasitarios casta burocrática.
- La trampa del "multipolarismo" burgués: La estrategia de la diplomacia chavista de buscar contrapesos imperialistas (sustituyendo la influencia de Washington por acuerdos de endeudamiento y cesión de recursos con China o Rusia) no liberó a la nación del yugo imperialista; simplemente diversificó a sus acreedores. Cuando la crisis estructural del modelo rentista se combinó con el cerco financiero, la burocracia no dudó en dar un viraje completo para subordinarse de nuevo a la hegemonía directa de la Casa Blanca.
- La vigencia de la Revolución Permanente: La lección central que deja este proceso es la confirmación empírica de la tesis de León Trotsky: en las naciones semicoloniales y oprimidas, la burguesía nacional y las burocracias estatales son incapaces de llevar hasta el final las tareas democráticas e históricas fundamentales —incluidas la verdadera independencia nacional y la preservación de las riquezas naturales—. Cualquier intento de realizar estas tareas deteniéndose a mitad de camino conduce inevitablemente a la degeneración y al retorno desastroso de la dominación colonial.
El costo social de la conciliación de clases
El balance social para la clase obrera venezolana no puede ser más trágico. La política de paz social y conciliación de clases promovida durante los años de bonanza adormeció la conciencia política y neutralizó la autonomía sindical. Cuando el superciclo de precios llegó a su fin, la burocracia descargó el peso brutal del colapso sobre las espaldas del proletariado: hiperinflación, pulverización del salario, liquidación de las convenciones colectivas y migración forzada de millones de trabajadores. La posterior entrega de la industria a las transnacionales en 2026 es el broche de oro de este proceso de despojos.
Conclusión: El programa revolucionario de la clase trabajadora
El acuerdo petrolero de 2026 ha despojado a la burguesía venezolana en todas sus expresiones —tanto al régimen de facto tutelado por EE. UU. como a la oposición patronal tradicional— de toda pretensión de representar la soberanía o el futuro del país. Ambas fracciones de la clase dominante concuerdan en la necesidad de mantener a Venezuela como una colonia proveedora de materia prima barata, con una mano de obra superexplotada y sin derechos colectivos.
Frente al pacto de cúpulas, la receptoría financiera del Tesoro estadounidense y el saqueo transnacional, la vanguardia obrera y la izquierda revolucionaria no pueden ofrecer como alternativa la nostalgia por la PDVSA de Chávez ni el retorno al estatismo burocrático que pavimentó el camino hacia la catástrofe. La única salida soberana, democrática y genuinamente antiimperialista vendrá de la movilización autónoma e independiente de la clase trabajadora.
Para responder a la encrucijada histórica, el movimiento obrero debe levantar un Programa de Transición articular en torno a los siguientes ejes fundamentales:
- Anulación inmediata de los acuerdos de entreguismo petrolero: Cancelación incondicional de todas las licencias, contratos de arrendamiento y concesiones otorgadas a Chevron, NABEP, Eni y cualquier otra transnacional imperialista. Rechazo absoluto al tutelaje financiero de la OFAC y del Departamento del Tesoro de EE. UU.
- Expropiación sin indemnización del capital saqueador: Confiscación de todos los activos, pozos y plantas operadas por las corporaciones transnacionales en el marco del pacto de 2026, así como la repatriación forzosa de los fondos de la corrupción burocrática y de la fuga de capitales.
- Nacionalización integral bajo Control Obrero Democrático: Unificación de la industria hidrocarburífera en una sola empresa estatal única, cuya gestión, planificación técnica, comercialización e ingresos sean administrados directamente por comités democráticos de trabajadores y técnicos de base, sin injerencia de burocracias militares ni de la casta política burguesa.
- Plan de emergencia salarial y laboral: Reivindicación de la Convención Colectiva, salario mínimo indexado al costo real de la canasta familiar y cese inmediato de la persecución judicial, criminalización y encarcelamiento de los trabajadores que luchan.
- Internacionalismo proletario: Llama a la solidaridad directa y a la acción coordinada con la clase obrera de los Estados Unidos, América Latina y Oriente Próximo para frenar la maquinaria de guerra imperialista y combatir en común a las transnacionales del saqueo.
La lucha por la restitución de la soberanía energética de Venezuela es inseparable de la lucha por la toma del poder político por parte de la clase trabajadora y por la instauración de un Gobierno de los Trabajadores, como parte de la tarea continental por la construcción de los Estados Unidos Socialistas de América Latina.
CSR - El Topo Obrero
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