La historia laboral de nuestro país tiene varios ejemplos de cómo ante las crisis del capitalismo Mundial los gobiernos imponen un drástico retroceso en los derechos de los trabajadores.
Tanto de hecho como de derecho el gobierno venezolano arremete y da
otro duro golpe a los derechos laborales de los trabajadores, derechos logrados
durante años de lucha, en este particular nos referiremos a la resolución de Nª 2792 emanada del Ministerio
del Trabajo en fecha 11 de octubre de 2018.
Este documento, que se inscribe en el marco del lanzamiento del “plan de
recuperación y prosperidad”, elimina de tajo la
esencia o el espíritu de las
contrataciones colectivas de los sectores públicos y privados y fija
como piso de los tabuladores el sueldo mínimo decretado por el presidente “ratificando
la decisión unilateral del gobierno de aplanar las tablas salariales”. El
primer nivel de los tabuladores de muchas convenciones colectivas supera un
salario mínimo y aunque la resolución señala que se respetará la cláusula de
los contratos ya firmados, cosa que no se está cumpliendo, ya desconocen los
contratos colectivos vigentes, dejando una incógnita ¿qué ocurrirá cuando
venzan? Esto significaría que los contratos que están por discutirse o
renovarse vuelven al piso de un salario mínimo contraviniendo el principio de
la progresividad de los derechos laborales Art. 89 enmarcada en nuestra carta magna.
La resolución elimina también las instancias
laborales de negociación y conciliación entre empleadores y representantes de
los trabajadores en los contratos, con la imposición de unas mesas técnicas con
funcionarios que están plegados totalmente al Ejecutivo, lo cual lleva a
decisiones discrecionales y sesgadas Irrespetando
flagrantemente los derechos consagrados en la Constitución, la
Ley Orgánica del Trabajo y la Organización
Internacional del Trabajo. El gobierno vende el discurso de un plan, de por si descabellado, que
busca “racionalizar la justa distribución de las riquezas entre todos los
trabajadores y trabajadoras” porque, según, hay “grandes diferencias económicas que han fomentado la existencia de
grupos privilegiados entre trabajadores y trabajadoras”. Entonces, para el “Gobierno obrerista” el problema a resolver no son las “diferencias
económicas” entre empresarios y
trabajadores, entre los altos burócratas enquistados y corruptos del Estado y el pueblo, entre las fortunas que
los capitalistas y privilegiados del
gobierno que han saqueado, el despilfarro de dinero que se va en el pago de la deuda externa y las necesidades del pueblo, sino
las que hay entre los propios trabajadores, y para una “justa distribución de
las riquezas” la solución es aplanar las tablas salariales, en conclusión para
ellos la crisis la generaron los trabajadores, como lo dice un Gobierno Burgués
“hay que tomar estas medidas para salvarnos y mantener nuestros privilegios”,
pero sabemos que no les importa trasladar esta brutal crisis económicas, creada por ellos
mismos, a los hombros de los trabajadores y del pueblo; es ahí, donde queda en evidencia el carácter reaccionario
del gobierno de Nicolás Maduro con las
políticas antiobreras que aplica.
La Ley Antibloqueo
la
Ley antibloqueo fue concebida como otro mecanismo para
violentar y reducir aún más los derechos
laborales y garantizar a los posibles inversionistas y trasnacionales, mejores
condiciones para explotar con mayor facilidad a los trabajadores, según dicha
ley, sus normas prevalecen sobre las leyes especiales aún sobre leyes
orgánicas, de tal manera, establece además la posibilidad de desaplicar
normas. En ese contexto es posible se desapliquen normas de la Ley Orgánica
del Trabajo las cuales afectarían el ejercicio de la libertad sindical,
obstaculizando la labor de los sindicatos y prohibiendo las huelgas y otras
formas de exigibilidad de derechos. Todo lo referente a la contratación de
personal puede sufrir un proceso de
flexibilización tal que no garantice ninguna estabilidad en el trabajo.
En
las denominadas Zonas Económicas Especiales, se establece
que se podrá establecer un régimen especial y extraordinario de
contrataciones de personal, el
cual se traduce en contratos sin estabilidad y con pocos beneficios. El secretismo de la ley afectará las
utilidades y las condiciones y medio ambiente de trabajo, servirá para
justificar que las empresas no están obligadas a informar sobre la suma de los
enriquecimientos netos gravables y de los exonerados, conforme a la
Ley de Impuesto Sobre la Renta, que es lo que permite establecer esos
beneficios líquidos de la empresa. Por lo tanto sin esta información las utilidades que dicta la lott para ser repartidas entre los trabajadores queda en pico de zamuro.
Desde el topo obrero sostenemos, ante este drástico retroceso en los
derechos de los trabajadores, tanto de hecho como de derecho, la denuncia de la
política antiobrera de maduro y hacemos un llamado a los trabajadores venezolanos
a unificar nuestra lucha y a una sola voz exigir la eliminación de la
Ley Antibloqueo y la resolución
de Nª 2792 y otras medidas que implementa el Gobierno y
desmejora los ya deteriorados derechos laborales. el pueblo trabajador debe
organizase en vías a crear un partido de los trabajadores, que de dirección bajo un programa de acción que nos permita
enfrentar y salir de esta brutal crisis económica que el capitalismo nos impone
y cada día sufrimos más y así avanzar
hacia un estado obrero
Juan
ayaman
@ayamancsr-twitter
Corriente Socialista Revolucionaria – El Topo Obrero
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