El anunciado inicio de negociaciones entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la representación de la oposición no es un paso hacia la democratización del país, sino un mandato directo de la administración estadounidense.
Lejos de responder a las necesidades apremiantes de las mayorías explotadas, Washington impone este diálogo con un objetivo táctico claro: minimizar el riesgo latente de una revuelta popular, diseñando un esquema de «gobernabilidad» que garantice la estabilidad del capital y la contención de la clase trabajadora.
La crisis del Bonpartismo tutelado y la fractura del 24J
A pesar de que la Casa Blanca ha respaldado a la actual administración como su ejecutora ideal para garantizar la apertura económica, este gobierno de bonapartismo tutelado arrastra un repudio masivo, una base social cada vez más estrecha y severas fricciones al interior del partido de gobierno (PSUV).
Esta fragilidad estructural se agravó dramáticamente tras el doble terremoto del 24 de junio. La inacción gubernamental en los primeros momentos de la tragedia actuó como un catalizador que expuso el colapso absoluto de la infraestructura estatal y la inoperancia institucional para salvaguardar la vida del pueblo. Frente al descontento generalizado y la ruina social que dejó el sismo, el imperialismo necesita apresurar un mecanismo de pacificación política para evitar que el desborde popular se transforme en un estallido incontrolable.
Los actores en la mesa de diálogo
Para el imperialismo, la legalidad constitucional del gobierno actual o la caducidad representativa de la vieja Asamblea Nacional son factores secundarios. La historia demuestra que Washington sostiene regímenes ajenos a la legalidad burguesa siempre que garanticen sus intereses económicos.
Este diálogo no es un proceso democrático, es un escenario donde las distintas fracciones de la clase dominante —la burguesía tradicional y la emergente burguesía "roja"— negocian la repartición de los espacios de poder, la administración de la renta y, sobre todo, las jugosas concesiones del proceso de reconstrucción post-terremoto.
El programa real: Saqueo, entreguismo y superexplotación
Más allá de la retórica polarizante en los medios, ambos bloques coinciden en lo sustancial: garantizar los intereses geopolíticos de Estados Unidos. El escenario de una posible alternabilidad electoral busca cerrar el ciclo político reciente e institucionalizar un programa económico común, que ya está en marcha: la aceleración de las privatizaciones, la entrega de nuestros recursos naturales a las transnacionales y el mantenimiento de la flexibilización laboral. Su "paz" consiste en cargar el peso de la crisis y la reconstrucción sobre los hombros del proletariado, a base de salarios de hambre y derechos suprimidos.
Frente a este pacto entreguista, los trabajadores no debemos depositar la menor confianza en la «mesa de diálogo» ni en las ilusiones de una salida negociada por nuestros propios explotadores. La clase obrera no tiene representación en esa mesa.La única alternativa ante la catástrofe social y el tutelaje de Washington es la organización autónoma en las fábricas, centros de trabajo y comunidades. La tarea del momento es estructurar un programa propio que enfrente el plan de ajuste patronal.
Desde la Corriente Socialista Revolucionaria (CSR) - El Topo Obrero, llamamos a luchar por:
¡Rechazo total al pacto de cúpulas! Ni con el gobierno tutelado ni con la oposición patronal.
¡Salario igual a la canasta básica!
¡Reconstrucción bajo control obrero y popular! Que los fondos que se destinen a recuperar las zonas afectadas por el sismo sean administrados mediante comités de trabajadores, sin intermediarios corruptos ni transnacionales.
¡Por una salida revolucionaria y un gobierno de los trabajadores!
CSR - El Topo Obrero
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